El Gobierno plantea sus decretos mientras la calle fija una huelga

Ha muerto Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de la vivienda en la que había vivido durante casi siete décadas. Su caso se convirtió en uno de los símbolos de las protestas por la vivienda y su muerte llega en un momento en el que el conflicto por el acceso a la vivienda se traslada también a las instituciones y a las organizaciones sindicales.

El Gobierno lleva a la Diputación Permanente sus medidas de vivienda después de que los dos reales decretos fueran rechazados por el Congreso el 2 de octubre. El Ejecutivo asegura que los nuevos textos incorporan cambios técnicos, pero mantiene el núcleo del paquete: incentivos fiscales para propietarios e inquilinos, préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para la primera vivienda, 280 millones en avales para aumentar la oferta, 400 millones para los proveedores de vivienda social y medidas para ampliar el parque público. También se mantienen las restricciones a determinadas operaciones de grandes inversores y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.

Al mismo tiempo, los principales sindicatos, entre ellos CC OO y UGT, han acordado convocar una huelga general por la vivienda para el próximo 11 de noviembre, junto a la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y otras organizaciones sindicales como ELA, LAB y CIG. Será el primer paro general respaldado por los grandes sindicatos de clase en 14 años y se celebrará apenas dos semanas y media antes de las elecciones generales y un día antes del inicio oficial de la campaña electoral. La convocatoria llega en plena presión social por el acceso a la vivienda y después de las movilizaciones de los últimos días.